miércoles, 8 de abril de 2009

Una estrategia de guerra sicológica a nivel nacional: Amenazas de limpieza social.

Por maureen Maya


El pasado 8 de marzo circuló un panfleto en la ciudad de Medellín. No era uno más. A diferencia de los que habitualmente reciben las organizaciones sociales, los colectivos y movimientos de víctimas y defensores de derechos humanos, en éste se hacia uso de otro lenguaje, el tono moral era evidente y el llamado a la complicidad nacional, desde los mismos hogares, parecía esgrimirse como tacita unidad de conciencia entre quienes lideran desde el crimen la “gesta heroica” de la "restauración moral" del país y los nobles ciudadanos acosados por al hampa, la desprotección y el abuso de sustancias sicoactivas por parte de juventudes envalentonadas y confundidas. Incluso no se cometían los mismos y recurrentes errores de ortografía, como sucedía con los anteriores panfletos donde era posible encontrar un ijueputa colectivo o un llamado a frenar la “rebolusión comunista”.

Tampoco se hablaba del eminente triunfo del "estado comunitario", ni se confesaba haber recibido “la precisa orientacion de nuestro maximo lider elegido democraticamente Doctor Alvaro Uribe Velez, mision que en adelante llamaremos y daremos a conocer como "revolución comunitaria 2019"”. Tampoco se recurría al lenguaje político militarista de decir que “libraremos una guerra frontal a sangre y fuego contra todos esos que se esconden tras sus guaridas de fachada, ongs, diarios rebeldes, oficinitas, casas de “proteccion” de falsos demócratas” o que “vamos a aplicar desde este momento la pena de muerte a los traidores a la patria… Esta semana sera determinante para todos Ustedes, ya la tregua que les dimos para que se perdieran de todos nuestros territorios liberados del comunismo disfrazado ha culminado… nuestros hombres llegaran a sus ciudades a buscarles alli ya sabemos muy bien en donde, No les sera nada facil burlar nuestro cerco con el apoyo que irrestrictamente nos brindan las fuerzas militares, la Policia Nacional, asi como los organismos de inteligencia estatal...”

Este nuevo panfleto sólo parecía estar asociado a la bandera moral que impulsa el presidente Álvaro Uribe, quien en un consejo comunitario en la ciudad de Buenaventura que se llevó a cabo 22 de febrero pasado dijo que “es muy grave que en este país muchos de los que critican el narcotráfico, den el mal ejemplo de consumir drogas y que esa dosis personal no se pueda sancionar”. Luego pidió al Congreso de la República de Colombia aprobar una ley que sancione la dosis personal de drogas.

Ahora, a través de la amenaza de muerte y la advertencia de que no responden si caen inocentes por estar mal ubicados después de las 10 de la noche, a través de una carta que masivamente se está colando debajo de la puerta de varias viviendas, se pide a los jóvenes que estudien, a los padres que dialoguen con sus hijos, y a la ciudadanía que saque varias copias del comunicado y las reparta “a los amigos, vecinos, o a un familiar suyo, que no caigan por no enterarse. La organización no puede entregar esta hoja en cada casa, por eso pedimos su colaboración”.

Con los llamados dilers son más tajantes: “Vendedores de Drogas, últimamente se esta creciendo el negocio de hasta vender droga en las esquinas, ya no mas, métanse esa droga por el CULO ARRIBA, no mas Ladronzuelos, dejen trabajar a la sociedad. Pilas que están PILLADOS…. JUICIO O MUERTE; USTED LO DECIDE… YA TENEMOS UNA LISTA DE BARRIDO INICIAL”

No obstante, lo que más llama la atención es que el mismo panfleto ha sido replicado en Montería (Córdoba), en varios barrios de Bogotá, en Mosquera (Cundinamarca) en el Líbano, en Ibagué (Tolima), en Barranquilla (Atlántico), Cali (Valle del Cauca), en Tunja, Villa de Leyva (Boyacá), en Pereira y Dos Quebradas (Risaralda) y seguramente en muchos otros municipios de todo el territorio nacional. Quizás se trate de una red nacional, de un estratégico plan de guerra sicológica contra la población civil, quizás sean los mismos ciudadanos quienes consideren que la mejor forma de propiciar un estado de paz con seguridad y justicia, sea eliminando a quienes son señalados de ser los responsables de la perturbación de la sociedad, o en su defecto puede tratarse de ciudadanos desesperados que intentan proteger y si acaso, controlar a sus hijos, afectos a la fiesta y al consumo de drogas. Quizás detrás de ello estén más que matones ignorantes a los que el hambre o el deseo de posesión, o la retaliación personal los llevó a asumir la lucha armada, quizás detrás de ello se oculten poderes superiores. El objetivo no puede ser otro que ejercer control social a través del terror y de una propuesta criminal de falsa seguridad que pronto aparecerá, o mejor, se afianzará, no puede ser otro que desarticular las redes sociales, atemorizar y producir delirio colectivo frente a nuestra vulnerabilidad, pretender hegemonizar a la sociedad y convertirla en traidora y lacaya del miedo y de un sistema que se autoproclama regulador de los miedos. El objetivo es crear ejércitos ciudadanos, adiestrados, dominados y sin paga, es hacer del shock un estado permanente en la sociedad para ejercer desde un supuesto y “legítimo clamor ciudadano” un autoritarismo fuera de todo control. La estrategia es una campaña a nivel nacional de intimidación, una campaña pensada y llevada a cabo con precisión de cirujano.

Convertir al ciudadano en delator de otro ciudadano inocente o culpable pero cuyo señalamiento produce dádivas personales, convertir a la ciudadanía en cómplice de la acción criminal de redes de sicarios, creer que la incapacidad del Estado y de la sociedad para encarar desde la oportuna acción de la justicia las problemáticas sociales –propias de todo colectivo-, es un cheque en blanco que nos autoriza a intimidar, chantajear, maltratar, descalificar y asesinar a otros seres humanos, es aterrador y prueba de nuestra más honda derrota. Pensar que cada cuadra, que cada barrio, que la misma comunidad con la que otrora compartí, ya no es confiable, que ya no está conformada por amigos y personas cercanas con las cuales se construyó historia de vida, que la solidaridad no existe y que cada cual va por suyo, empezar mirar a los otros con recelo, con temor, o asumirnos como una asociación de espectadores impávidos, en el mejor de los casos, frente al crimen, o en ejecutores de atrocidades, es sumamente preocupante. Cada colombiano puede ser, en razón del miedo o la impotencia, o la falta de Estado, un potencial enemigo, un otro al que se debe destruir o al que hay que temer. La exacerbación de la hipocresía social, la consideración de que existen seres humanos despreciables que pueden ser eliminados bajo la disculpa del bien colectivo, la idea aquella de que el fin justifica los medios y cerrar la puerta, los ojos y el corazón frente a la tragedia de otros humanos, nos acerca a nuestra más profunda degradación, como sociedad y como humanos.

La tragedia que vive Colombia no es producto exclusivo de un conflicto político, social y armada en el que intervienen varias fuerzas victimarias y razones para su prolongado sostenimiento; la debacle que padece hoy el país es de tipo moral y humano, en su más elevado significado. La misma forma en la cual nos clasificamos entre nosotros, cómo abordamos a las víctimas del conflicto, valorando a unas y despreciando a otras, como miramos a las familias desplazadas que a estas horas envueltas en plásticos se ubican en la Plaza de Bolívar, la creencia de que existen sectores primitivos por una supuesta ineptitud para crear pensamiento abstracto, de que algunos colombianos se alinean al lado derecho del escudo nacional bajo la palabra orden y otros bajo el ala izquierda donde se lee libertad, el pensar que nos dividimos entre buenos (áulicos del oficialismo) y malos (cómplices de terroristas) es nuestra tragedia.

Creemos que hay Estado porque hay fuerte presencia militar. Esto es propio de regimenes fascistas. El Estado existe en tanto se brinden garantías para el libre desarrollo de los individuos, se reconozcan derechos y deberes ciudadanos y se valoren y respeten los mandatos constitucionales. El Estado es una organización social colectiva que regula la vida –no la muerte- en un territorio. Su evolución conduce a la formulación de un Estado social de derecho, como se reconoce en Colombia, no así ni siquiera a lo Weber el “reclamo de la violencia legitima” ha producido desarrollo humano, seguridad, soberanía y mucho menos igualdad jurídica. Las armas del Estado se levantan contra los mismos ciudadanos, los acción de los llamados “falsos positivos” en Colombia, por citar una sola modalidad, es histórica, la escuela oficial de la tortura y la desaparición se ha perpetuado durante décadas, la impunidad está garantizada y el brutal egoísmo puede ser considerado ahora ley nacional.

En Colombia más que Estado, lo que hay es una deformación maniquea de un supuesto orden que se semeja más a una castración social. Y ese llamado Estado ha sido incapaz de regular las relaciones sociales, de reconocer el valor supremo de la vida, de brindar garantías de existencia digna a las personas o de hacer que la justicia sancione por igual a sus infractores. El crimen se tolera y se ordena desde las altas esferas del poder nacional. El miedo es regla y la precarizad moral que nos lleva a descalificar, a justificar lo que no merece justificación desde la ética o la valoración de lo humano es nuestra realidad, la misma que si no somos capaces de encarar, sin eufemismos, sin leguleyadas, sin trampas o intencionales miopías, jamás nos permitirá ser lo que humanamente podemos ser ni crecer como especie.

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